Según la denuncia interpuesta por el SINTPE-INPE, la intervención de José Jerí y su comitiva en el penal Ancón I se produjo de manera inopinada durante la madrugada del pasado viernes 23 de enero. El gremio de trabajadores penitenciarios sostiene que la delegación, compuesta por aproximadamente 50 personas entre asesores y personal de prensa, ingresó al recinto sin someterse a los controles de seguridad obligatorios, particularmente la revisión biométrica. Este hecho, según los denunciantes, constituye una grave vulneración a los protocolos de seguridad establecidos para el ingreso a centros penitenciarios.

El técnico Julio Lurita Tarazona, afiliado al SINTPE-INPE, denunció que varios miembros de la comitiva de Jerí portaban equipos de comunicación, incluyendo teléfonos celulares, e incluso armamento. Esta acusación es particularmente grave, ya que contraviene directamente la Ley 29867, la cual sanciona el ingreso de celulares a los penales con penas de hasta ocho años de cárcel para funcionarios públicos. La presencia de armas en el interior del penal, sin la debida autorización y control, representa un riesgo significativo para la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.

La denuncia formalizada por el SINTPE-INPE ya se encuentra en manos del Ministerio Público, quien deberá investigar los hechos y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra José Jerí y los miembros de su comitiva. La denuncia contempla los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y peligro común. De confirmarse estos delitos, las penas podrían ser severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El delito de abuso de autoridad se configura cuando un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, actúa de manera arbitraria y contraria a la ley. La omisión de actos funcionales se refiere a la negligencia o el incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo. El ingreso indebido de equipos de comunicación a un penal, como se mencionó anteriormente, está expresamente prohibido y sancionado por la Ley 29867. Finalmente, el delito de peligro común se configura cuando una acción u omisión crea una situación de riesgo para la seguridad pública, como la introducción de armas en un penal.