La vacancia presidencial de Dina Boluarte se perfila como inminente, tras la presentación de múltiples mociones en su contra y la creciente confirmación de que diversas bancadas parlamentarias están dispuestas a respaldar su destitución. Este contexto de profunda crisis política plantea un escenario de incertidumbre sobre el futuro liderazgo del país. De concretarse la vacancia, y ante la ausencia de vicepresidentes designados, la presidencia recaería, de acuerdo con la Constitución, en el actual titular del Congreso, José Jerí Oré. Esta posibilidad ha generado un intenso debate público, especialmente debido a las serias acusaciones que pesan sobre Jerí, que incluyen denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción. La potencial llegada de Jerí al más alto cargo del Estado ha despertado la preocupación de diversos sectores de la sociedad peruana, quienes temen que su cuestionada trayectoria pueda comprometer la estabilidad política y la gobernabilidad del país, en un momento ya de por sí crítico.

La situación actual se caracteriza por una alta fragmentación política y una creciente polarización entre diferentes fuerzas políticas, lo que dificulta la búsqueda de consensos y soluciones a los problemas que aquejan al país. La posible asunción de Jerí a la presidencia interina agudiza aún más estas tensiones, generando un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones democráticas. La ciudadanía observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un liderazgo que esté a la altura de los desafíos que enfrenta el Perú. La clase política, por su parte, se encuentra dividida entre quienes respaldan la vacancia de Boluarte y quienes se oponen a ella, lo que complica aún más la búsqueda de una salida a la crisis. En este contexto, la figura de José Jerí emerge como un factor de controversia, generando interrogantes sobre su capacidad para ejercer el cargo de presidente interino de manera imparcial y responsable.

El artículo 115 de la Constitución Política del Perú establece el procedimiento a seguir en caso de ausencia de vicepresidentes. De manera explícita, señala que, en tal circunstancia, quien asume de forma interina la conducción del país es el presidente del Congreso. Esta disposición constitucional es la que abre la puerta a la posible llegada de José Jerí a la presidencia interina, en caso de que la vacancia de Dina Boluarte prospere y obtenga el respaldo necesario en el Pleno del Congreso. Es importante destacar que esta norma constitucional ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en situaciones de crisis política como la actual, en la que la legitimidad y la idoneidad de quien asume la presidencia interina son puestas en tela de juicio. La interpretación y aplicación del artículo 115 de la Constitución se convierte, por lo tanto, en un elemento clave para comprender el escenario político actual y las posibles vías de solución a la crisis.

José Jerí, elegido para dirigir el Parlamento durante el periodo 2025-2026, podría convertirse en presidente interino si la vacancia de Boluarte recibe el respaldo suficiente en el Pleno. Sin embargo, su trayectoria política, marcada por investigaciones y denuncias graves, genera dudas sobre su capacidad para ejercer el cargo de manera imparcial y responsable. La aplicación del artículo 115 de la Constitución, en este contexto, plantea interrogantes sobre la necesidad de revisar y actualizar las normas que regulan la sucesión presidencial, con el fin de garantizar que quien asuma la más alta magistratura del país cuente con la legitimidad y la idoneidad necesarias para afrontar los desafíos que implica el cargo. La controversia en torno a la posible llegada de Jerí a la presidencia interina pone de manifiesto la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Un caso de violación sexual que involucra a José Jerí salió a la luz pública en enero de 2025, generando una profunda conmoción en la opinión pública y poniendo en entredicho su idoneidad para ocupar la presidencia interina. La denunciante relató que, durante una reunión social celebrada en la localidad de Canta, perdió el conocimiento después de consumir alcohol y, al despertar, experimentó dolor en sus partes íntimas, encontrando una prenda de vestir perteneciente al congresista cerca de ella. Este testimonio, aunque negado por Jerí, ha generado un gran impacto mediático y ha alimentado las críticas hacia su figura, especialmente en un contexto en el que la lucha contra la violencia de género y el abuso sexual ha cobrado una gran relevancia. La gravedad de la acusación y la atención mediática que ha suscitado han convertido este caso en un factor determinante en la evaluación de su posible ascenso al Ejecutivo.

La víctima identificó a Jerí como un hombre calvo con barba, coincidiendo con las características físicas del agresor, y recordó intentos previos de cortejo por parte del congresista. Inicialmente, la investigación incluyó también a Marco Antonio Cardoza Hurtado, empresario y tío político de Jerí, lo que añadió un elemento adicional de complejidad al caso. El fiscal supremo Tomás Gálvez archivó la investigación contra Jerí, alegando falta de pruebas suficientes para vincularlo de manera directa al delito. Sin embargo, el proceso contra Cardoza Hurtado continúa abierto y fue derivado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, lo que indica que aún existen elementos de investigación pendientes. La decisión del fiscal Gálvez de archivar la investigación contra Jerí ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente por parte de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, quienes consideran que no se han realizado todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Durante su gestión como presidente del Congreso, José Jerí afrontó una investigación por desobediencia a la autoridad, un hecho que agrava aún más su ya cuestionada trayectoria y genera serias dudas sobre su respeto por el Estado de Derecho. El Juzgado Civil de Canta había ordenado que se sometiera a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”, en el marco del caso de abuso sexual previamente mencionado. Esta orden judicial buscaba garantizar que Jerí recibiera la atención necesaria para abordar posibles problemas de conducta que pudieran estar relacionados con la acusación de abuso sexual. Sin embargo, el congresista incumplió la disposición judicial, negándose a someterse al tratamiento psicológico ordenado por el juez. Esta actitud de desafío a la autoridad judicial motivó la apertura de un proceso penal por presunta desobediencia, conforme al Código Penal peruano.

La investigación busca determinar si Jerí recibió la orden judicial y si su incumplimiento fue intencionado. Su posición como presidente del Congreso aumenta la atención sobre el caso y plantea dudas sobre el acatamiento de mandatos judiciales por parte de altos funcionarios. El proceso sigue abierto y se suma a los antecedentes judiciales del congresista, en un momento clave para la estabilidad política del país ante una posible sucesión presidencial. Este caso de desobediencia a la autoridad no solo cuestiona la integridad de Jerí como figura pública, sino que también genera preocupación sobre su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto por las instituciones democráticas. La posible llegada de Jerí a la presidencia interina, con este antecedente, plantea serias interrogantes sobre su capacidad para ejercer el cargo de manera imparcial y responsable, garantizando el respeto por el Estado de Derecho.

José Jerí enfrenta, además de las acusaciones de abuso sexual y desobediencia a la autoridad, serias acusaciones de corrupción ligadas a su rol en la Comisión de Presupuesto del Congreso, un cargo de gran relevancia en la asignación de recursos públicos. Blanca Ríos, una empresaria, denunció públicamente que, durante el periodo en que Jerí presidía dicha comisión, se entregó un soborno de S/150.000 a operadores de su entorno a cambio de que un proyecto específico en la región de Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta acusación, de ser confirmada, implicaría un grave acto de corrupción que comprometería seriamente la integridad de Jerí y su capacidad para ejercer cualquier cargo público.

El programa periodístico Panorama reveló la existencia de audios y chats que supuestamente involucrarían al congresista en este presunto acto de corrupción. Frente a esta revelación, Jerí separó de su equipo al asesor Nahum Hidalgo y expresó públicamente su disposición a colaborar con la investigación. Sin embargo, las acusaciones persisten y generan una gran controversia en la opinión pública. La transparencia en la gestión de los recursos públicos es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia y la lucha contra la corrupción. Las acusaciones que pesan sobre Jerí, en este sentido, socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generan un clima de desconfianza en la clase política. La posible llegada de Jerí a la presidencia interina, con este antecedente de acusaciones de corrupción, plantea serias interrogantes sobre su capacidad para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos.