Según la tesis fiscal, los hechos aparentemente habrían ocurrido el 5 de enero de 2026. Tres policías –identificados como el suboficial técnico de segunda J.D.C.R. (49), el suboficial de tercera C.E.L.A. (32) y el alférez H.A.T.Y.– habrían intervenido al estudiante y, al parecer aprovechándose de su situación, le habrían solicitado dinero para evitar su traslado a la dependencia policial. La investigación busca esclarecer si existió un acuerdo ilegal entre los agentes y el estudiante, y si la suma solicitada corresponde a un acto de corrupción. La Fiscalía está recabando evidencias para determinar la veracidad de la denuncia y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación también se centra en la forma en que aparentemente se habría realizado el pago. De acuerdo con las pesquisas preliminares, la transferencia del dinero se habría efectuado a través de la aplicación Yape, utilizando el número telefónico de un civil, identificado como A.A.V.F., quien actuaría como presunto cómplice. Este detalle es crucial para la investigación, ya que se busca determinar si el civil tuvo conocimiento del origen ilícito del dinero y si colaboró activamente en la presunta comisión del delito. La Fiscalía está rastreando el flujo del dinero y analizando las comunicaciones entre los implicados para reconstruir los hechos y establecer las responsabilidades penales. Al parecer, el presunto acto de corrupción se habría consumado en el interior de un patrullero, lo que agrava la situación.

Como parte de la investigación, se ejecutó una orden judicial de allanamiento, descerraje y levantamiento del secreto de las comunicaciones en varios inmuebles relacionados con los investigados. Durante el operativo, se logró la detención preliminar del ST2 PNP J.D.C.R. en la ciudad de Chiclayo. La detención se produjo tras la recopilación de indicios que lo vincularían con la presunta solicitud de coima. La medida de detención preliminar tiene como objetivo asegurar la presencia del investigado durante el proceso y evitar la obstaculización de la investigación. La Fiscalía busca obtener más información a través del interrogatorio del detenido y el análisis de los elementos incautados.

En el registro de los domicilios de los cuatro implicados, las autoridades incautaron un teléfono celular, una computadora portátil y diversas tarjetas bancarias, elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su conexión con los hechos investigados. El análisis de los dispositivos electrónicos permitirá acceder a información relevante, como mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos y movimientos bancarios, que podrían confirmar o descartar la participación de los investigados en el presunto delito. La Fiscalía espera que los peritajes aporten pruebas contundentes para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. Se presume que se busca determinar el alcance de la presunta red de corrupción.

Los agentes involucrados podrían enfrentar cargos por el delito de concusión, que sanciona el abuso del cargo para exigir beneficios patrimoniales. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados a penas de prisión y enfrentar la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La gravedad de la pena dependerá del grado de participación de cada uno de los implicados y de la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. La autoridad competente determinará las responsabilidades penales correspondientes, respetando el principio de presunción de inocencia.

Este caso ha generado indignación en la ciudadanía de Piura, que exige mayor transparencia y control interno en la institución policial. La población espera que se investiguen a fondo los hechos y se sancione a los responsables, para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Este nuevo escándalo en las filas de la Región Policial Piura ha generado indignación en la ciudadanía, que exige mayores filtros y control interno para erradicar las malas prácticas que mellan la confianza en la institución policial. Las autoridades policiales han manifestado su compromiso de colaborar con la investigación y tomar las medidas necesarias para fortalecer la integridad de la institución.