El Juzgado Penal de Junín, mediante la Sentencia N.° 223 en un proceso de hábeas corpus, habría determinado que los efectivos policiales no estarían autorizados a revisar el código IMEI de teléfonos celulares durante operativos de control de identidad sin contar con una orden judicial o el consentimiento expreso del intervenido. Al parecer, el magistrado habría considerado que dicha práctica podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad personal y la intimidad, garantizados por la Constitución Política del Perú.

Según la información disponible, la revisión del IMEI sin las debidas garantías podría, aparentemente, configurar el presunto delito de abuso de autoridad si no se encuentra debidamente justificada y sustentada en una investigación concreta. La sentencia al parecer se basa en la premisa de que el control de identidad, si bien faculta a la policía a verificar datos personales básicos, no implica una autorización automática para acceder a la información contenida en dispositivos electrónicos.

El fallo judicial aparentemente precisa que cualquier diligencia que implique acceder a información asociada a un equipo celular debe cumplir con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como contar con un respaldo normativo expreso. En ese sentido, se habría advertido que la mera sospecha generalizada no sería suficiente para justificar la revisión del IMEI, sino que se requeriría una sospecha razonable vinculada a un hecho delictivo concreto.

Según se desprende de la información disponible, la decisión judicial buscaría equilibrar la necesidad de combatir la delincuencia con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, su aplicación práctica y sus posibles consecuencias aún se encuentran bajo análisis.

Desde distintos sectores vinculados a la defensa legal policial, se habría expresado preocupación por los alcances de esta decisión judicial. Al parecer, existe temor de que la limitación en la revisión del IMEI pueda dificultar la lucha contra el robo de celulares, delito que figura entre los más frecuentes a nivel nacional.

Se argumenta que el IMEI es una herramienta fundamental para la identificación de celulares robados y su posterior recuperación. La necesidad de obtener una orden judicial para cada revisión, aparentemente, podría retrasar las investigaciones y permitir que los delincuentes se deshagan de los equipos robados. Al parecer, se teme que esta situación pueda generar una sensación de impunidad y alentar la comisión de este tipo de delitos.

La controversia en torno a la revisión del IMEI pone de manifiesto la tensión existente entre la seguridad ciudadana y la protección de la privacidad. La autoridad competente deberá determinar si la sentencia judicial impactará en las estrategias de lucha contra la delincuencia y si será necesario establecer protocolos claros para la revisión de dispositivos electrónicos en el marco de las investigaciones policiales.

Es importante señalar que la información aquí presentada es de carácter preliminar y se encuentra sujeta a confirmación y análisis por parte de las autoridades competentes. La presunta responsabilidad penal de cualquier persona involucrada deberá ser determinada por el Poder Judicial.