FOVIPOL adopta una posición que consideramos inaceptable y, desde nuestro punto de vista, contraria a los principios constitucionales. Sostienen, de manera literal, que los descuentos realizados a los efectivos policiales no constituyen ahorros, y por lo tanto, no existe obligación alguna de devolverlos. Argumentan que una vez que el efectivo policial se retira o adquiere una vivienda, pierde todo derecho sobre el dinero que fue descontado de su remuneración durante su vida laboral. Esta interpretación, en nuestra opinión, no solo es abusiva, sino que también carece de fundamento jurídico y representa un peligroso precedente autoritario. La idea de que el Estado pueda apropiarse de fondos provenientes del salario de los trabajadores, sin justificación legal y sin posibilidad de retorno, socava los derechos fundamentales y la confianza en las instituciones. Es crucial analizar a fondo esta situación y defender los derechos de los policías afectados.

El razonamiento de FOVIPOL genera una profunda preocupación. Considerar que los descuentos obligatorios de planilla se convierten en un tributo sin retorno, sin el respaldo de una ley expresa, es una transgresión a los principios básicos del Estado de Derecho. La remuneración del trabajador, fruto de su esfuerzo y dedicación, goza de protección constitucional y legal. Descontar parte de ese salario y luego negar su devolución o compensación, bajo el pretexto de una contribución solidaria, resulta inaceptable. El dinero descontado, insistimos, forma parte del patrimonio del trabajador y no puede ser confiscado arbitrariamente. La figura de la contribución solidaria, por noble que parezca, no puede justificar la violación del derecho de propiedad y la apropiación indebida de fondos. Permitir esta práctica sentaría un precedente nefasto que podría extenderse a otros sectores laborales, erosionando la seguridad jurídica y la confianza en el sistema.

Es fundamental comprender la naturaleza intangible de la remuneración. El salario, como contraprestación por el trabajo realizado, es un derecho fundamental del trabajador. No puede ser disminuido o afectado arbitrariamente, y cualquier descuento debe estar justificado por ley y contar con el consentimiento del trabajador, salvo excepciones legales claramente establecidas. En el caso de los aportes a FOVIPOL, si bien se realizan mediante descuentos de planilla, estos no pueden ser considerados una donación o un tributo sin contraprestación. El efectivo policial espera, legítimamente, obtener un beneficio a cambio de esos aportes, ya sea un préstamo para vivienda, una compensación al momento del retiro, o cualquier otra forma de retribución. Negar este derecho es desconocer la naturaleza conmutativa de la relación laboral y convertir al trabajador en un mero contribuyente forzoso, despojándolo de su derecho de propiedad sobre el fruto de su trabajo.

La pretensión de FOVIPOL de que el policía aporte toda su vida y que al final no tenga derecho ni a la devolución ni a una compensación, es un claro intento de normalizar el despojo bajo un discurso solidario. Este argumento es falaz y peligroso, ya que busca legitimar una práctica que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores. La solidaridad no puede ser impuesta ni utilizada como pretexto para la apropiación indebida de fondos. La verdadera solidaridad implica un compromiso voluntario y consciente, no una obligación forzosa que despoja al individuo de sus derechos. Es crucial desenmascarar este discurso y defender el derecho de los policías a recibir una justa retribución por sus aportes. Permitir que FOVIPOL se apropie de estos fondos sin contraprestación alguna, sentaría un precedente peligroso que podría ser utilizado por otras entidades para justificar prácticas similares.

Es crucial destacar que el Tribunal Constitucional YA DESMONTÓ este argumento en casos similares. Cuando un efectivo policial no obtuvo un préstamo, no recibió una vivienda y no se benefició de ninguna manera con los aportes realizados a FOVIPOL, el Tribunal ordenó la DEVOLUCIÓN TOTAL DE LOS APORTES. Este precedente es de suma importancia, ya que demuestra que el Poder Judicial ha reconocido el derecho de los policías a recuperar el dinero descontado cuando no han obtenido ningún beneficio a cambio. Ignorar este precedente y seguir sosteniendo la postura de que los aportes no son reembolsables es un claro desafío a la autoridad del Tribunal Constitucional y una muestra de desprecio por los derechos de los ciudadanos. La decisión del Tribunal Constitucional refuerza nuestra convicción de que la postura de FOVIPOL es insostenible y que los policías tienen derecho a recuperar el dinero que les fue descontado indebidamente.

Ante esta situación, la pregunta es directa y contundente: ¿Puede FOVIPOL estar por encima de la Constitución? ¿Puede decidir unilateralmente que el dinero de los policías ya no les pertenece? ¿Puede llamar contribución a lo que en realidad fue un descuento obligatorio de su sueldo? La respuesta, desde nuestro punto de vista, es un rotundo NO. Ninguna entidad, ni siquiera el Estado, puede situarse por encima de la Constitución y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos. FOVIPOL debe acatar las decisiones del Tribunal Constitucional y respetar el derecho de los policías a recuperar sus aportes cuando no han obtenido ningún beneficio a cambio. La negativa a hacerlo es un acto de prepotencia y una clara violación de los principios del Estado de Derecho. Es hora de que FOVIPOL rinda cuentas y se responsabilice por sus actos.