Un joven de 23 años, interno del penal de Pocollay en Tacna, ha presentado una denuncia ante la comisaría local, acusando a ocho reclusos de haberlo sometido a reiteradas agresiones sexuales y físicas. La víctima ha proporcionado los nombres y apodos de sus presuntos agresores, identificándolos como 'Grillo', 'Enyerber', 'Dilán', 'Ziza', 'Ardilla', 'Cuca', 'Machete' y 'Valente'. El denunciante, originario de Lima, relata que los ataques han sido sistemáticos y que el último incidente ocurrió el 5 de enero en la zona de duchas del Pabellón D. La gravedad de la denuncia ha movilizado a las autoridades y ha puesto en evidencia las precarias condiciones de seguridad dentro del establecimiento penitenciario. La víctima ha manifestado que no es la primera vez que sufre este tipo de agresiones dentro del penal, lo que plantea serias interrogantes sobre la capacidad del INPE para garantizar la integridad física y psicológica de los internos.

La denuncia detalla que el último ataque, ocurrido en las duchas del Pabellón D, fue particularmente violento, dejando a la víctima con secuelas físicas y emocionales. El joven interno, visiblemente afectado, narró a las autoridades el calvario que ha vivido dentro del penal, describiendo un ambiente de terror y vulnerabilidad donde los reclusos están expuestos a todo tipo de abusos. La identificación de los agresores por sus alias ha facilitado el inicio de las investigaciones, aunque la confirmación de sus identidades y la recolección de pruebas que sustenten la denuncia representan un desafío para la fiscalía. La víctima ha solicitado protección y medidas de seguridad para evitar represalias por parte de los denunciados, quienes, según se ha podido determinar, cumplen condenas por delitos graves como robo agravado y tocamientos indebidos. Este caso pone de manifiesto la urgencia de implementar políticas y protocolos más efectivos para prevenir y sancionar la violencia sexual en los centros penitenciarios.

La fiscal Virginia Salas Mendoza del Ministerio Público ha tomado las riendas del caso e iniciado una exhaustiva investigación contra los ocho reclusos sindicados como responsables de la agresión sexual. Las primeras diligencias se centran en la toma de declaraciones a la víctima y a los presuntos agresores, así como en la recopilación de pruebas que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Paralelamente a la investigación fiscal, el personal del INPE llevó a cabo un operativo sorpresa en el penal de Pocollay, con el objetivo de detectar y decomisar objetos prohibidos y sustancias ilícitas. Durante la inspección, los agentes penitenciarios descubrieron varios artículos prohibidos ocultos en el doble fondo de una frazada, así como 30 envoltorios tipo 'quete' que contenían una sustancia con características de marihuana. Estos hallazgos evidencian la problemática del control interno en el penal y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad.

El operativo del INPE, aunque rutinario, cobró mayor relevancia en el contexto de la denuncia por agresión sexual, ya que puso de manifiesto la vulnerabilidad del penal y la facilidad con la que los internos pueden acceder a objetos prohibidos y sustancias ilícitas. La incautación de marihuana, en particular, genera preocupación, ya que su consumo puede contribuir a la escalada de la violencia y a la alteración del orden dentro del establecimiento penitenciario. Las autoridades han resaltado la importancia de intensificar los controles y las inspecciones para prevenir la introducción de objetos prohibidos y garantizar la seguridad de los internos y del personal penitenciario. La investigación fiscal y el operativo del INPE se complementan en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso, que ha generado conmoción y preocupación en la comunidad tacneña.

El penal de Pocollay alberga actualmente a 1.187 internos, una cifra que supera ampliamente su capacidad y que refleja la grave problemática de la sobrepoblación penitenciaria en el país. El hacinamiento dificulta el control y la vigilancia, creando un ambiente propicio para la comisión de delitos y abusos. En estas condiciones, los reclusos quedan expuestos a mafias y a agresores internos, quienes aprovechan la vulnerabilidad de sus compañeros para ejercer poder y someterlos a todo tipo de vejaciones. La falta de espacio, la escasez de recursos y la insuficiencia de personal penitenciario agravan aún más la situación, generando un clima de tensión y violencia constante. La denuncia por agresión sexual pone de manifiesto las consecuencias de la sobrepoblación penitenciaria y la necesidad urgente de adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida de los internos y garantizar su seguridad.

La sobrepoblación penitenciaria no solo afecta la seguridad de los internos, sino que también dificulta su rehabilitación y reinserción social. La falta de programas educativos, laborales y de salud mental impide que los reclusos puedan desarrollar habilidades y competencias que les permitan reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena. El hacinamiento y la violencia dificultan el proceso de resocialización y aumentan el riesgo de reincidencia. Las autoridades han reconocido la necesidad de abordar la problemática de la sobrepoblación penitenciaria de manera integral, implementando medidas como la construcción de nuevos penales, la aplicación de medidas alternativas a la prisión y el fortalecimiento de los programas de rehabilitación y reinserción social. La denuncia por agresión sexual en el penal de Pocollay debe servir como un llamado de atención para que las autoridades tomen medidas urgentes y eficaces para proteger a los internos y garantizar sus derechos fundamentales.