Según información preliminar, la Sala Penal de Apelaciones de Juliaca habría confirmado la sentencia N.° 08-2026, la cual impone una pena de 35 años de prisión efectiva a Erusbel Apaza Uturunco. Apaza Uturunco sería uno de los responsables de los hechos que al parecer culminaron con la vida del S2 PNP José Luis Soncco Quispe. Es importante destacar que, hasta el momento, la información disponible sugiere que Apaza Uturunco estaría involucrado en los hechos, pero la autoridad competente determinará responsabilidades. La confirmación de esta sentencia representa un avance en el proceso judicial, aunque la investigación en torno al caso aparentemente continúa. Se espera que las autoridades proporcionen más detalles sobre los fundamentos de la decisión y las pruebas presentadas durante el juicio.

El fallo, al parecer, no solo busca sancionar un presunto crimen, sino también sentar un precedente en la defensa de la autoridad. Según fuentes judiciales, la sentencia habría confirmado la responsabilidad por los presuntos delitos de disturbios agravados y sustracción o arrebato de arma de fuego. Estos cargos, de ser probados, indicarían una grave alteración del orden público y un ataque directo a la función policial. La defensa del acusado podría presentar recursos legales adicionales, por lo que el proceso aún no estaría completamente concluido. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles relacionados con este lamentable suceso y determinar si existen otros presuntos involucrados. La comunidad de Juliaca sigue atenta al desarrollo de este caso que ha generado gran impacto en la región.

Además de la pena privativa de libertad, al parecer se ratificó el pago de una reparación civil de S/180 000 a favor de los herederos del efectivo policial fallecido. Esta compensación económica, aparentemente, busca mitigar el daño causado a la familia de la víctima. Adicionalmente, se habría dispuesto el pago de S/25 000 a favor del Estado, como parte de la reparación por los daños causados a la institución policial y al orden público. Es importante señalar que estas cifras son preliminares y podrían ser objeto de revisión en instancias superiores, en caso de que se presenten recursos legales. La ejecución de la reparación civil estará sujeta a los procedimientos legales correspondientes, y se espera que las autoridades competentes supervisen su cumplimiento. La asignación de estos fondos podría destinarse a programas de apoyo a familiares de policías caídos en servicio o a la mejora de la infraestructura y equipamiento de la institución policial.

El caso aparentemente ha generado un debate sobre la seguridad de los agentes policiales en la región y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para garantizar su integridad física. La muerte del S2 PNP José Luis Soncco Quispe ha evidenciado los riesgos que enfrentan los miembros de la Policía Nacional del Perú en el cumplimiento de su deber. Es crucial que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros incidentes similares y brindar el apoyo necesario a los policías que se encuentran en situaciones de peligro. La investigación de este caso, y otros similares, deben ser exhaustivas y transparentes para asegurar que se haga justicia y se evite la impunidad. La colaboración entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial es fundamental para garantizar la eficacia del sistema de justicia y la protección de los derechos de todos los ciudadanos.