Según las investigaciones, Christian Alvites, habría utilizado el arma de reglamento de un colega para perpetrar el crimen, intentando, aparentemente, desviar las investigaciones. El hecho habría ocurrido en Ventanilla, donde Alvites, al parecer, citó a la víctima. La investigación posterior habría revelado que el móvil del crimen sería la negativa de la mujer a reconciliarse con el agresor. El caso ha generado indignación y ha puesto de manifiesto la problemática de la violencia de género en el país. Se espera que la autoridad competente determine las responsabilidades penales y administrativas de todos los involucrados.

El tribunal habría sido enfático al señalar que Alvites habría abusado de su posición como miembro de la PNP y habría utilizado recursos de la institución para cometer el delito. La sentencia de 35 años, al parecer, es una de las más altas impuestas en casos de feminicidio cometidos por agentes del orden. A pesar de la condena, familiares y colectivos sociales lamentan que la víctima no pueda regresar y que una niña pequeña crecerá sin su madre. Se conoció que la familia de la víctima, tras un largo proceso legal, ha expresado su conformidad con la sentencia, esperando que sirva como un precedente para futuros casos.

La sentencia ha generado diversas reacciones en la sociedad. Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han celebrado la condena, pero han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género. Asimismo, se ha resaltado la importancia de que las instituciones del Estado, incluyendo la PNP, adopten medidas para garantizar que sus miembros respeten los derechos humanos y no incurran en actos de violencia. El caso de Christian Alvites ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar la formación policial y de establecer mecanismos de control más estrictos para evitar que agentes del orden utilicen sus armas y su posición para cometer delitos. Se conoció que la reparación civil impuesta también sería una de las más cuantiosas registradas en el distrito.

El caso, al parecer, ha servido como un recordatorio de que portar un uniforme no otorga impunidad ni licencia para matar. La sociedad civil ha exigido que se investiguen a fondo todos los casos de violencia de género en los que estén involucrados agentes del Estado y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables. Se espera que las autoridades competentes continúen investigando posibles irregularidades en el manejo del arma de fuego utilizada en el crimen y que se determinen las responsabilidades de otros funcionarios que pudieran haber estado involucrados. La lucha contra la violencia de género es un compromiso de todos y requiere de la participación activa de la sociedad civil, el Estado y los medios de comunicación.