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El Ejército del Perú ejecutó la operación Caballo de Troya en Pataz, incautando fusiles y deteniendo a 75 personas bajo investigación por presuntos vínculos criminales.
El Ejército del Perú, operando bajo el marco del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), habría ejecutado una importante acción táctica en una zona de alta conflictividad por la presencia de actividades extractivas no autorizadas. Los hechos habrían tenido lugar el pasado 01 de mayo del presente año, tras recibir información de inteligencia sobre el presunto almacenamiento de equipo bélico en un campamento minero. El escenario de los acontecimientos fue la bocamina denominada “VENTURA”, situada en las coordenadas -7.762771, -77.569060, dentro del sector La Porfía, en el centro poblado Pueblo Nuevo. Esta región de la sierra de La Libertad ha estado bajo constante vigilancia debido al incremento de reportes sobre grupos armados que aparentemente operan al margen de la ley. Las autoridades señalaron que este despliegue responde a una estrategia para desarticular logísticamente a organizaciones que estarían afectando la paz pública.
La acción militar policial, bautizada como “Caballo de Troya”, se habría desarrollado con el objetivo de neutralizar una presunta base de operaciones de elementos vinculados al crimen organizado. Durante la intervención en el referido campamento, las fuerzas del orden procedieron a la detención de setenta y un (71) trabajadores y cuatro (04) mujeres que se encontraban en las instalaciones. Según fuentes oficiales, todas estas personas se encuentran actualmente bajo investigación preliminar para esclarecer su grado de participación o conocimiento sobre las actividades ilícitas que se habrían estado desarrollando en el lugar. Es importante precisar que, respetando el debido proceso, se mantiene la presunción de inocencia mientras el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes. La magnitud del contingente utilizado sugiere que se esperaba encontrar resistencia, aunque la operación se habría ejecutado siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de escenarios de alto riesgo.
Como resultado del registro efectuado en la zona de Pataz, se habría logrado la incautación de un arsenal de guerra de consideración que aparentemente pertenecía a estructuras criminales. El reporte oficial detalla el hallazgo de un fusil automático liviano (FAL), tres fusiles GALIL y cuatro subametralladoras Mini Uzi, además de un fusil de alta precisión con mira telescópica. Asimismo, se habrían encontrado cargadores, abundante munición de diversos calibres, material explosivo y equipos de protección personal tácticos. Las investigaciones preliminares apuntan a que este material de guerra estaría presuntamente vinculado a la organización criminal liderada por Miguel Antonio Rodríguez Díaz, conocido por el alias de “Cuchillo”. Las autoridades han manifestado que el hallazgo de estas armas representa un golpe importante a la capacidad operativa de los grupos que aparentemente pretenden controlar la zona mediante la intimidación y el uso de la fuerza.
Este operativo pone de manifiesto la compleja situación que se vive en el distrito de Pataz, donde la convergencia entre minería y criminalidad organizada requiere una atención estatal permanente. Si bien el éxito de la operación “Caballo de Troya” es evidente en cuanto a la recuperación de armamento, persiste el desafío de garantizar que las investigaciones fiscales logren sentencias ejemplares que eviten la impunidad. Algunos analistas en seguridad ciudadana han señalado que la investigación aún se encuentra en una etapa incipiente y que se requiere una fiscalización más rigurosa sobre la procedencia del armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas encontrado. Resulta imperativo que el Poder Judicial actúe con celeridad para determinar responsabilidades individuales, garantizando que el proceso no se vea empañado por deficiencias administrativas. La sostenibilidad de la seguridad en La Libertad dependerá de que estas intervenciones no sean hechos aislados, sino parte de una política integral de control territorial y justicia eficiente.
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