La jueza Janet Lastra Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictaminó la suspensión de derechos del general PNP Víctor Zanabria Angulo por un período de 18 meses. Esta resolución judicial implica la inmediata suspensión de Zanabria de su cargo como Comandante General de la Policía Nacional del Perú. La decisión de la magistrada se basa en la solicitud presentada por el fiscal Arturo Valencia Paiva, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, quien lidera la investigación en el conocido caso de los policías albañiles. La suspensión se fundamenta en la existencia de indicios razonables que sugieren la participación del alto mando policial en los delitos que se le imputan, lo que justifica la medida cautelar para asegurar el desarrollo adecuado de las investigaciones y evitar posibles obstrucciones a la justicia. La resolución judicial ha generado un fuerte impacto en la institución policial y en la opinión pública, poniendo en tela de juicio la integridad y la transparencia en la gestión de la PNP.

El caso que ha motivado la suspensión del general Zanabria se centra en las acusaciones de peculado doloso, abuso de autoridad y otros delitos. Se le imputa haber utilizado a suboficiales de la Sección de Patrullaje a Pie, asignados a labores de seguridad ciudadana, para realizar trabajos de remodelación en la sede de la IX Macro Región Policial de Arequipa durante el año 2020. Según la investigación, quince suboficiales fueron desviados de sus funciones de patrullaje y obligados a realizar tareas de construcción, lo que habría implicado un perjuicio económico al Estado y un abuso de poder por parte del entonces jefe de la IX Macro Región Policial. Los agentes policiales han testificado que, si bien figuraban en los registros como personal asignado a patrullaje, en la práctica se dedicaban a labores de construcción, lo que confirma la versión de la fiscalía y refuerza la hipótesis de la comisión de los delitos imputados al general Zanabria. La gravedad de las acusaciones ha llevado a la justicia a tomar medidas drásticas para garantizar la transparencia y la imparcialidad en la investigación.

Un aspecto clave de la investigación se centra en el destino de una donación de dinero realizada por la empresa minera La Soledad S.A.C. Se presume que esta donación estaba destinada al pago de los trabajadores encargados de la remodelación del patio de la sede policial. El fiscal anticorrupción extendió la investigación preliminar para profundizar en las pesquisas sobre este punto, buscando determinar si el dinero fue utilizado para el fin que se había especificado o si fue desviado para otros fines. De acuerdo con la investigación fiscal, el 10 de noviembre de 2020, el apoderado de la empresa minera, Errol Carpio, entregó 17 mil 600 soles al general Víctor Zanabria en su oficina. Este dinero había sido solicitado para financiar el acondicionamiento del patio de armas del complejo policial IX MACREPOL Arequipa. La fiscalía investiga si este dinero fue correctamente administrado o si, por el contrario, fue objeto de alguna irregularidad.

Según la Fiscalía, el coronel en retiro Francis Alarcón Gallegos, que en ese momento era prefecto de Arequipa, también estuvo presente en la reunión donde se realizó la entrega del dinero. La imputación fiscal señala que Víctor Zanabria se habría apropiado del dinero, ya que no informó de su ingreso a la institución policial. La Fiscalía sostiene que los 17 mil 600 soles debían ser utilizados para pagar a los trabajadores y para cancelar los servicios del maestro de obra, Claver Colquehuanca. Sin embargo, la investigación ha revelado que fueron los propios policías quienes realizaron el trabajo, mientras que al albañil se le hizo un pago de solo 4 mil 300 soles por sus servicios, quedando un saldo sin justificar. Esta situación ha generado serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos y ha reforzado las sospechas de que se cometieron delitos de corrupción.

La suspensión del general Zanabria se suma a una serie de investigaciones y acusaciones que han surgido en torno a su gestión en la PNP. Entre ellas, se incluyen investigaciones por presuntas compras sobrevaloradas y acusaciones de haber recibido pagos en efectivo y oro de mineros informales. Estos antecedentes han generado una creciente presión sobre el alto mando policial y han puesto en entredicho la integridad de la institución. Los casos mencionados en la información proporcionada, como Víctor Zanabria, nuevo comandante general de la PNP, investigado por compras sobrevaloradas y quedarse con S/17 mil; Víctor Zanabria: Testigo y colaborador eficaz afirman que general PNP recibió pagos en efectivo y oro de mineros informales; y Víctor Zanabria: Fiscalía formaliza investigación contra jefe de la PNP, evidencian la existencia de múltiples denuncias y procesos en curso contra el jefe policial.

Estos antecedentes, sumados a la investigación por el caso de los policías albañiles, han creado un clima de incertidumbre y desconfianza en la institución policial. La suspensión del general Zanabria representa un golpe a la imagen de la PNP y plantea serias interrogantes sobre la necesidad de implementar mecanismos de control y transparencia más efectivos para prevenir y combatir la corrupción en la institución. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se sancione a los responsables de cualquier acto de corrupción, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer el Estado de Derecho. La transparencia en la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de la ley son pilares fundamentales para garantizar la legitimidad y la eficacia de la Policía Nacional del Perú.