El Gobierno peruano ha declarado el Estado de Emergencia en Lima y Callao a partir de las 00:00 horas del 22 de octubre de 2025, extendiéndose por un período de 30 días calendario. Esta decisión drástica responde a una combinación de factores que amenazan la seguridad ciudadana y el orden público en la capital y sus alrededores. Entre estos factores, se destacan las persistentes marchas y huelgas motivadas por la vacancia de la ex presidenta Dina, así como un alarmante incremento en los índices de criminalidad que azotan la región. La situación se ha tornado insostenible, con un aumento preocupante de delitos como la extorsión, el sicariato, la venta de drogas y la trata de personas, generando un clima de inseguridad y zozobra entre los habitantes. Ante este panorama, el gobierno ha considerado necesario tomar medidas extraordinarias para restablecer el orden, proteger a la población y combatir frontalmente a las organizaciones criminales que operan en la zona, implementando estrategias que permitan una respuesta rápida y efectiva de la justicia frente a los delitos flagrantes.

La declaración del Estado de Emergencia implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, lo que permite a las fuerzas del orden realizar operativos de control y patrullaje de manera más intensiva. Esta medida busca brindar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas las herramientas necesarias para actuar con mayor celeridad y eficacia en la lucha contra la delincuencia. El gobierno ha justificado esta decisión argumentando que se trata de una medida excepcional y temporal, necesaria para garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden público, comprometiéndose a respetar los derechos humanos y a limitar el uso de la fuerza al estrictamente necesario. Se espera que esta medida contribuya a disuadir a los delincuentes, desarticular las bandas criminales y reducir los índices de criminalidad en Lima y Callao, devolviendo la tranquilidad a los ciudadanos.

El objetivo primordial de la declaración del Estado de Emergencia es fortalecer la lucha contra la criminalidad en Lima y Callao, priorizando la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato, la venta de drogas y la trata de personas. El gobierno busca implementar una estrategia integral que combine acciones preventivas, de control y de represión, con el fin de reducir los índices delictivos y garantizar la seguridad ciudadana. Se espera que la presencia reforzada de las fuerzas del orden en las calles, los operativos de control y la agilización de los procesos judiciales contribuyan a disuadir a los delincuentes y a generar un clima de mayor seguridad para los ciudadanos. Asimismo, se busca fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva de la justicia frente a los delitos cometidos en la zona.

Además de combatir la criminalidad organizada, el Estado de Emergencia busca restablecer el orden público y garantizar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. Las marchas y huelgas que se han venido desarrollando en Lima y Callao han generado alteraciones del orden público, bloqueos de vías y actos de violencia, afectando la actividad económica y la vida cotidiana de la población. El gobierno busca garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, pero también a proteger el derecho de los demás a transitar libremente y a desarrollar sus actividades sin ser perturbados. Se espera que la presencia de las fuerzas del orden contribuya a prevenir actos de violencia y a garantizar el cumplimiento de la ley, restableciendo el orden y la tranquilidad en la zona.

El gobierno ha anunciado una serie de medidas específicas que se implementarán durante el Estado de Emergencia, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana. Entre estas medidas, se destaca el fortalecimiento de las unidades de flagrancia en el territorio declarado en Estado de Emergencia, con el fin de mejorar la respuesta rápida de la justicia en las acciones de las fuerzas combinadas. Esto implica la creación de equipos especializados de fiscales y jueces que se encargarán de investigar y juzgar de manera expedita los delitos flagrantes, es decir, aquellos que se cometen en el momento o inmediatamente después de ser descubiertos. Se espera que esta medida contribuya a agilizar los procesos judiciales y a sancionar de manera efectiva a los delincuentes.

Otra medida importante es la implementación de medidas de seguridad especial para fiscales y jueces que intervienen en casos de criminalidad, a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto busca proteger a los funcionarios judiciales que se encuentran en riesgo debido a su labor en la lucha contra la delincuencia organizada. El gobierno ha reconocido que la seguridad de los fiscales y jueces es fundamental para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, y se ha comprometido a brindarles la protección necesaria para que puedan realizar su trabajo sin temor a represalias. Además, se llevarán a cabo operativos de fiscalización y control en las zonas donde se ha identificado la presencia de mercados ilegales vinculados a la criminalidad, como la trata de personas, la comercialización ilegal de drogas y estupefacientes, el mercado ilegal de armas y la venta informal de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia.

El Comité de Fiscalización, con el apoyo de las fuerzas combinadas, intensificará los operativos en zonas identificadas como focos de actividades ilícitas. Estos operativos se centrarán en desarticular redes de trata de personas, que explotan la vulnerabilidad de individuos, especialmente mujeres y niños, con fines de explotación sexual o laboral. La lucha contra el narcotráfico también será prioritaria, buscando erradicar puntos de venta y distribución de drogas, así como desmantelar organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de estupefacientes. El comercio ilegal de armas, que alimenta la violencia y el crimen organizado, será combatido mediante la fiscalización de armerías y la detección de puntos de venta clandestinos.

Asimismo, se pondrá especial atención en el control de la venta informal de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia. Estos dispositivos, a menudo utilizados para cometer delitos como extorsiones y fraudes, serán objeto de rigurosos controles para evitar su uso indebido. Se buscará identificar y sancionar a los vendedores informales que operan al margen de la ley, así como a los compradores que adquieren estos productos sin verificar su procedencia. Estas acciones coordinadas buscan asfixiar financieramente a las organizaciones criminales y debilitar su capacidad operativa.