El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, ha anunciado que su defendida no comparecerá a la audiencia programada para el miércoles 15 de octubre, destinada a evaluar la solicitud del Ministerio Público de impedir que la exmandataria abandone el territorio nacional. Esta diligencia se enmarca dentro de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos, un caso que ha cobrado relevancia tras su reciente vacancia presidencial. Portugal ha calificado la solicitud como una especulación habitual que surge tras la destitución de un presidente, mencionando como precedentes los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, sugiriendo que existe un patrón en la actuación del Ministerio Público en este tipo de situaciones políticas. La defensa de Boluarte busca así desestimar la medida, argumentando que carece de fundamento sólido y que se basa en meras sospechas, más que en pruebas concretas que justifiquen la restricción de la libertad de movimiento de la exmandataria.

La investigación por presunto lavado de activos se centra en una cuenta mancomunada donde, según el Ministerio Público, se habrían depositado fondos de origen ilícito destinados al pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón. Esta acusación ha generado un intenso debate público y ha puesto en tela de juicio la integridad de Boluarte, así como su gestión durante su mandato presidencial. El abogado Portugal ha cuestionado la validez de las pruebas presentadas por la fiscalía, argumentando que no existen elementos suficientes para vincular a su defendida con los supuestos actos ilícitos. Además, ha destacado la disposición de Boluarte a colaborar con la justicia, señalando que ha respondido a todas las citaciones y ha brindado información relevante para el esclarecimiento de los hechos. La defensa busca demostrar que la solicitud de impedimento de salida del país es una medida desproporcionada y que no se justifica en el contexto actual de la investigación, donde Boluarte ha demostrado su voluntad de cooperar con las autoridades.

Juan Carlos Portugal ha sido enfático en señalar que la medida de impedimento de salida del país es una coerción de carácter personal que busca asegurar la presencia de la persona investigada en el territorio nacional, pero que en el caso de Dina Boluarte no tiene razón de ser. Argumenta que no existe riesgo de fuga, ya que la exmandataria ha demostrado su compromiso con el proceso judicial y ha comparecido ante las autoridades cada vez que ha sido requerida. Portugal ha manifestado que la solicitud del Ministerio Público responde a una especulación sobre una posible intención de fuga por parte de Boluarte, una especulación que considera infundada y que no se basa en hechos concretos. Además, ha reiterado que su defendida ha colaborado activamente con la justicia en siete carpetas fiscales diferentes, lo que demuestra su voluntad de esclarecer cualquier duda o acusación en su contra. La defensa busca así desacreditar la solicitud del Ministerio Público y convencer al juez de que no existe necesidad de restringir la libertad de movimiento de Dina Boluarte.

El abogado Portugal también criticó la vacancia de Dina Boluarte, argumentando que, si bien la medida pudo haber sido legal, efectuarla en el último año de su mandato refleja decisiones irracionales y poco razonables. Esta crítica indirecta a la clase política y a los motivos detrás de la vacancia añade un elemento de controversia al caso, sugiriendo que existen motivaciones políticas detrás de la investigación y la solicitud de impedimento de salida del país. Portugal insinúa que la vacancia y las acciones posteriores contra Boluarte podrían estar relacionadas con intereses particulares de ciertos grupos políticos, más que con una genuina preocupación por la justicia y la transparencia. Esta línea argumentativa busca generar dudas sobre la imparcialidad del proceso y cuestionar la legitimidad de las acciones emprendidas contra la exmandataria.

Portugal ha subrayado repetidamente que Dina Boluarte ha mostrado una completa disposición a colaborar con la justicia en todas las etapas de la investigación. Ha destacado que la expresidenta ha atendido al Ministerio Público, ha declarado y ha tenido la opción de ejercer su derecho a guardar silencio, pero ha optado por responder a las preguntas y proporcionar información relevante para el caso. Esta actitud proactiva, según la defensa, demuestra que Boluarte no tiene intención de obstruir la justicia ni de eludir su responsabilidad ante la ley. La defensa busca así contrarrestar cualquier argumento que sugiera que la exmandataria podría intentar fugarse del país o entorpecer la investigación. La colaboración de Boluarte con la justicia es un elemento clave en la estrategia de la defensa para desacreditar la solicitud de impedimento de salida del país y demostrar que la medida es innecesaria y desproporcionada.

Portugal reiteró que cada vez que el Ministerio Público citó a la presidenta de la República a declarar, ella compareció, demostrando su respeto por las instituciones y su compromiso con el Estado de Derecho. Esta constante presencia ante las autoridades, incluso cuando podía haber optado por guardar silencio, refuerza la imagen de una persona que no tiene nada que ocultar y que está dispuesta a enfrentar las acusaciones en su contra. La defensa busca así generar una percepción favorable de Boluarte ante la opinión pública y ante el juez que deberá decidir sobre la solicitud de impedimento de salida del país. La colaboración con la justicia, la transparencia y el respeto por las instituciones son elementos centrales en la estrategia de la defensa para proteger los derechos de la exmandataria y garantizar un proceso justo y equitativo.