Un grupo de hackers autodenominado Deface Perú ha comprometido la seguridad de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN), exponiendo información sensible que detalla operaciones de protección dirigidas a la presidenta Dina Boluarte y a expresidentes como Pedro Castillo, Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski. La magnitud de la brecha de seguridad es considerable, considerando que la DIRIN es responsable de recolectar, analizar y diseminar inteligencia para la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad interna y orden público. La filtración no solo compromete la confidencialidad de las operaciones policiales, sino que también plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger información clasificada y garantizar la seguridad de los ciudadanos. La exposición de datos personales y la revelación de métodos de investigación podrían tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas y para la eficacia de las operaciones policiales en curso. Además, el hackeo pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la ciberseguridad de las instituciones públicas y de implementar medidas más robustas para prevenir futuros incidentes.

Según la https://larepublica.pe hace mención que: Los hackers expusieron las labores de inteligencia que realizaron contra los periodista Marco Sifuentes y el semanario Hildebrandt en sus trece. Además de las labores aplicadas con Sagasti, Merino, Vizcarra y PPK.

La información filtrada a través del canal de Telegram de Deface Perú revela que la DIRIN no solo se dedicaba a proteger a la presidenta Boluarte y a otros exmandatarios, sino que también llevaba a cabo actividades de reglaje y reporte dirigidas a periodistas, fiscales y jueces involucrados en investigaciones de alto perfil. Estas acciones de vigilancia y seguimiento, que aparentemente tenían como objetivo controlar y neutralizar a aquellos considerados críticos con el gobierno o que representaban una amenaza para los intereses del poder, plantean serias preocupaciones sobre la independencia judicial, la libertad de prensa y el respeto a los derechos fundamentales. La revelación de estas prácticas de inteligencia cuestiona la legitimidad de las acciones del Estado y genera desconfianza en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley. Además, la filtración podría tener un efecto amedrentador sobre los periodistas y fiscales que investigan casos de corrupción o abusos de poder, lo que dificultaría aún más la lucha contra la impunidad y la defensa del Estado de derecho. Es fundamental que las autoridades competentes investiguen a fondo estas acusaciones y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que las actividades de inteligencia se desarrollen dentro del marco legal y respeten los derechos de todos los ciudadanos.

Entre los detalles más alarmantes que han salido a la luz se encuentran los planes de contrainteligencia desplegados contra periodistas, fiscales y jueces que investigaban casos emblemáticos como Odebrecht, OAS y Chincheros. La divulgación de esta información pone en riesgo la integridad de las investigaciones en curso y socava la confianza en el sistema judicial. Asimismo, la filtración revela que la DIRIN tenía conocimiento desde 2022 de las amenazas que sufría el periodista Gastón Medina, quien fue asesinado a principios de este año, lo que plantea interrogantes sobre la falta de protección efectiva por parte del Estado. Adicionalmente, se ha revelado que el portal La Encerrona era considerado una amenaza para la gobernabilidad, el estado de derecho y el orden constitucional, y que se había ordenado controlar a Marco Sifuentes, a quien se acusaba de azuzar a la población a participar en las protestas contra el gobierno de Boluarte. Esta información sugiere una clara intención de reprimir la libertad de expresión y de silenciar a aquellos que cuestionan el poder, lo que representa una grave amenaza para la democracia.

La exposición de estos planes de inteligencia no solo revela una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de la DIRIN, sino que también plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de sus operaciones. El uso de recursos del Estado para espiar y hostigar a periodistas, fiscales y jueces es un claro abuso de poder que atenta contra los principios fundamentales del Estado de derecho. Además, la falta de protección a periodistas amenazados, como Gastón Medina, demuestra una negligencia inexcusable por parte de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad. Es imperativo que se investigue a fondo el alcance de estas actividades de inteligencia y que se identifique a los responsables de estos abusos para que rindan cuentas ante la justicia. La sociedad peruana merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo en la DIRIN y que se tomen las medidas necesarias para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro.

El hackeo a la DIRIN y la posterior revelación de información han generado una ola de indignación y preocupación en la sociedad peruana. Periodistas, organizaciones de derechos humanos y líderes políticos han exigido una investigación exhaustiva e independiente para determinar el alcance de los daños y las responsabilidades correspondientes. La filtración ha puesto en entredicho la credibilidad de la Policía Nacional y ha alimentado la desconfianza en las instituciones del Estado. Además, ha generado un clima de temor y desconfianza entre los periodistas y fiscales que investigan casos sensibles, lo que podría afectar su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva. La presión pública para que se esclarezca lo sucedido es cada vez mayor, y las autoridades se enfrentan al desafío de responder de manera transparente y contundente para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

Las consecuencias de este hackeo podrían ser de gran alcance. A nivel interno, se espera una reestructuración de la DIRIN y una revisión exhaustiva de sus protocolos de seguridad y de sus prácticas de inteligencia. Es probable que se implementen medidas más rigurosas para proteger la información clasificada y para garantizar que las actividades de inteligencia se desarrollen dentro del marco legal y ético. A nivel externo, la filtración podría tener un impacto significativo en las relaciones internacionales del Perú, especialmente si se revela información que comprometa a otros países o a sus ciudadanos. Además, el hackeo podría ser utilizado por actores maliciosos para llevar a cabo campañas de desinformación o para manipular la opinión pública. Es fundamental que las autoridades peruanas tomen medidas urgentes para mitigar los daños y para prevenir futuros incidentes de seguridad.