Fiscalía solicita suspensión de Víctor Zanabria
Presunto uso indebido de agentes policiales para fines personales
El Ministerio Público, a través del Despacho Fiscal Especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Arequipa, ha solicitado la suspensión preventiva por 18 meses del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria. La medida está basada en una investigación preliminar por presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad, relacionados con el presunto uso indebido de personal policial durante su gestión anterior.
Según el documento fiscal difundido por el programa televisivo Panorama, el general Zanabria habría ordenado a agentes de la PNP realizar trabajos de albañilería en horas de servicio, presuntamente para fines personales o fuera de sus funciones oficiales. Esta conducta estaría enmarcada como una violación de los deberes funcionales y un posible desvío de recursos del Estado.
La solicitud se realiza conforme al artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal, el cual establece la posibilidad de dictar medidas coercitivas como la suspensión temporal en el ejercicio del cargo público, mientras dure el proceso de investigación penal. La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para esta medida preventiva, a fin de evitar interferencias o encubrimiento de pruebas.
Fundamento legal de la solicitud de suspensión
La medida propuesta se basa en el artículo 297 del Código Procesal Penal peruano, que faculta al juez a ordenar la suspensión del cargo para funcionarios investigados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En este caso, se argumenta que mantener al general Zanabria en su cargo podría poner en riesgo la imparcialidad de la investigación, considerando su posición jerárquica dentro de la PNP.
El inciso 1 del mencionado artículo permite al Ministerio Público solicitar esta medida cautelar siempre que se evidencie la posibilidad de obstaculización de la justicia o se requiera proteger la integridad del proceso penal. En este sentido, el despacho fiscal ha considerado que la gravedad de los hechos amerita la suspensión temporal mientras se desarrollan las diligencias respectivas.
Cabe destacar que esta figura legal no implica culpabilidad, sino una medida preventiva que busca garantizar la transparencia de las investigaciones y preservar el principio de legalidad y justicia en el marco del debido proceso.
Análisis legal del caso y tipificación penal
El delito de peculado doloso está contemplado en el artículo 387 del Código Penal peruano y se configura cuando un funcionario público se apropia o utiliza para sí bienes del Estado o recursos asignados para fines públicos. En este caso, se investiga si el general Zanabria hizo uso de recursos humanos del Estado —agentes policiales— para obras ajenas a la institución.
Por otro lado, el abuso de autoridad se encuentra tipificado en el artículo 376 del Código Penal y se refiere al uso indebido del poder o cargo para fines distintos a los establecidos por la ley, afectando derechos o funciones del servicio público. Ambos delitos son considerados graves y conllevan penas privativas de libertad e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
El caso de Zanabria cobra especial relevancia por su alto cargo dentro de la Policía Nacional, ya que de comprobarse los hechos, comprometería no solo su carrera, sino también la confianza pública en las instituciones del orden.
Contexto institucional y precedente disciplinario
La Policía Nacional del Perú ha enfrentado en los últimos años diversos cuestionamientos relacionados con la conducta de altos mandos, lo que ha provocado la intervención de organismos como la Contraloría y el Congreso. Casos anteriores de peculado o uso indebido de recursos han terminado en destituciones y sanciones disciplinarias severas.
El presente caso también podría implicar consecuencias administrativas paralelas a la investigación penal. En este sentido, la Inspectoría General de la PNP o el Ministerio del Interior podrían iniciar procedimientos internos que deriven en la separación temporal o definitiva del cargo.
La actuación del Ministerio Público se da en un contexto en el que la sociedad exige mayor transparencia y control sobre las fuerzas del orden, especialmente ante denuncias que comprometen la integridad institucional.
“La gravedad del caso radica no solo en el presunto delito, sino en el impacto institucional de que el principal mando policial esté bajo investigación penal.”
El artículo 297 del Código Procesal Penal permite la suspensión de un funcionario cuando se requiera preservar la eficacia de la investigación penal. – Código Procesal Penal del Perú
