Denuncia por extorsión en Iquitos
Hechos denunciados por la víctima
Un ciudadano cuya identidad se mantiene en reserva ha presentado una denuncia tras afirmar que fue objeto de una presunta extorsión por parte de dos agentes de la Policía Nacional del Perú en Iquitos. Según el relato, la intervención se produjo en una calle céntrica, frente a un local nocturno, siendo los agentes identificados como el suboficial Jhan Francis Inuma Paredes y un efectivo de apellido Arista.
El denunciante indicó que los policías exigieron inicialmente 600 soles para no proceder a una detención arbitraria, pero luego aceptaron 400 soles que fueron transferidos mediante la aplicación Yape a una cuenta asociada a Amparo Ramírez Vinces, presunta pareja del suboficial Inuma Paredes, asignado a la comisaría de Moronacocha.
La víctima solicitó al segundo agente que frenara la actividad corrupta, pero este se negó, lo que evidencia un posible encubrimiento interno dentro de la institución, agravando la gravedad del acto.
Impacto y percepción comunitaria
Pobladores de Iquitos han señalado que no se trataría de un caso aislado, pues suelen darse hostigamientos similares a jóvenes que salen de discotecas, quienes son amenazados con detenciones si no entregan dinero. Esta denuncia reaviva la preocupación por la corrupción en el seno de la Policía Nacional.
A pesar de múltiples quejas ciudadanas, hasta el momento la Unidad de Inspectoría de la PNP no ha informado acciones concretas para investigar o sancionar a los agentes implicados, lo cual genera rechazo y exige una respuesta institucional clara.
El Ministerio Público y la Inspectoría General de la PNP deberán asumir ahora el caso como delito de extorsión agravada, cometido por servidores públicos. En este tipo de conductas, la ley prevé sanciones severas y medidas disciplinarias.
Análisis legal y penal
La extorsión agravada por servidores públicos está tipificada en el Código Penal peruano. De comprobarse, estos agentes enfrentarían responsabilidad penal y administrativa, incluyendo posibles inhabilitaciones y prisión.
Asimismo, el posicionamiento de la víctima y posibles testigos será clave para recabar pruebas sólidas, incluyendo registros de transferencia por Yape, testimonios y registros de videovigilancia.
Es esencial que se garantice el debido proceso, respetando los derechos del denunciado, pero también protegiendo a la víctima y restaurando la confianza pública mediante una investigación transparente.
Referencias institucionales
La situación exige la actuación de la Inspectoría General de la PNP, bajo los lineamientos del Manual de Conducta Policial, así como la supervisión del Ministerio Público para asegurar la debida fiscalización.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana también establece mecanismos de control y sanción para casos de corrupción en la fuerza policial, lo que debe activarse con urgencia.
La transferencia de fondos a la pareja del agente y la falta de acción por parte de la Inspectoría evidencian la necesidad de una reforma interna y vigilancia externa más rigurosa.
“La ciudadanía exige que se imponga todo el peso de la ley. La corrupción no puede seguir operando con impunidad desde quienes están llamados a protegernos.”
“La confianza en la Policía Nacional está siendo seriamente socavada, y es deber de las autoridades actuar con firmeza.”
- Puntos clave:
- Transferencia de 400 soles vía Yape.
- Intervención de dos agentes.
- Posible encubrimiento institucional.
- Falta de respuesta de Inspectoría PNP.
