Violencia escolar en Iquitos: Un caso alarmante

Ataque con arma blanca entre escolares
El lunes 21 de julio de 2025, un hecho de extrema violencia conmocionó a la ciudad de Iquitos. Una menor de 14 años atacó con un arma blanca a su compañera de tan solo 13 años, a la salida del colegio en el distrito de San Juan Bautista. La agresión fue tan repentina como brutal: la víctima terminó con heridas en el rostro, el hombro y la muñeca, en plena vía pública y frente a decenas de testigos.
La disputa habría iniciado con insultos verbales, pero rápidamente escaló a una pelea física que derivó en el uso de un cuchillo. El ataque ocurrió sin que los presentes pudieran intervenir eficazmente. Finalmente, un conductor de mototaxi trasladó a la herida al Hospital Apoyo Iquitos, mientras que personal de serenazgo detuvo a la presunta agresora, quien fue conducida a la comisaría 9 de Octubre para las diligencias correspondientes.
La Policía Nacional del Perú ya ha iniciado una investigación para esclarecer los motivos del hecho y determinar las responsabilidades. Este incidente se suma a una preocupante lista de casos de violencia escolar que se vienen registrando en diversas regiones del país.
Análisis legal del caso: responsabilidad penal de menores
La presunta agresora, al tener 14 años, es considerada inimputable penalmente según el Código Penal peruano. Sin embargo, la Ley N.° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, establece medidas socioeducativas para menores de edad en conflicto con la ley penal. Dependiendo del resultado de la investigación, la menor podría ser internada en un centro juvenil o recibir medidas de orientación y tratamiento psicológico.
El artículo 20 del Código Penal excluye de responsabilidad penal a menores de 18 años, pero esto no implica impunidad. La Fiscalía de Familia y el Juzgado de Familia tienen competencia en estos casos y pueden ordenar medidas de protección y reeducación. La agresión con arma blanca se considera un hecho de gravedad que amerita atención inmediata por parte del sistema de justicia juvenil.
Además, se debe investigar la posible tenencia ilícita del arma blanca y la responsabilidad del entorno familiar y escolar. Las instituciones educativas también tienen el deber de prevenir este tipo de hechos mediante programas de convivencia escolar y atención emocional a sus estudiantes.
Impacto psicológico y social en la víctima y agresora
La violencia entre escolares no solo deja huellas físicas, sino también profundas secuelas emocionales. La menor agredida requerirá tratamiento médico y psicológico para procesar el trauma vivido. Del mismo modo, la adolescente agresora necesitará intervención especializada para entender la gravedad de sus actos y evitar reincidencias.
La comunidad educativa de San Juan Bautista ha quedado impactada por este episodio, que revela la urgente necesidad de reforzar la educación emocional, los protocolos de seguridad y los mecanismos de diálogo y resolución pacífica de conflictos en los colegios. Los padres de familia también tienen un rol fundamental en la formación de valores y el control de conductas violentas en sus hogares.
Casos como este exigen una respuesta multisectorial: salud mental, seguridad ciudadana, educación y justicia deben actuar en conjunto para prevenir nuevas tragedias. Este suceso debe marcar un punto de quiebre en la forma como se aborda la violencia escolar en el Perú.
Referencias legales y antecedentes similares
El Código de los Niños y Adolescentes establece claramente que toda medida que se tome debe tener como eje central el interés superior del niño. Sin embargo, también se garantiza la protección de las víctimas y la reparación del daño causado. En años recientes, se han reportado varios casos de violencia entre menores en distintas regiones del país, lo que obliga a revisar las políticas públicas en torno a la niñez.
En Lima, Cusco, Trujillo y otras ciudades, se han presentado hechos similares que, en algunos casos, terminaron con consecuencias fatales. La tendencia parece ir en aumento, y la falta de herramientas de prevención en los entornos escolares es uno de los factores comunes en estos eventos. Las redes sociales, el acoso escolar y la ausencia de límites en el hogar también se señalan como causas que deben ser abordadas.
Es fundamental que el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior trabajen de manera coordinada para establecer protocolos eficaces de prevención y actuación frente a casos de violencia escolar. El reciente hecho de Iquitos puede ser un catalizador para impulsar reformas urgentes.
““Todo niño tiene derecho a vivir en un entorno libre de violencia. La sociedad tiene el deber de garantizarlo.” – UNICEF”