En una audiencia cargada de tensión, el suboficial Luis Magallanes, uno de los policías investigados por la muerte de Eduardo Ruiz durante las recientes protestas, ofreció su versión de los hechos. Magallanes relató que, antes de que se produjera el disparo fatal, fue brutalmente agredido por la multitud. Según su testimonio, llegó ensangrentado al hospital de la policía, producto de los golpes con piedras y palos que recibió. En un intento desesperado por proteger su vida, y al verse en una situación de peligro inminente, Magallanes afirma haber sacado su arma de fuego y disparado al suelo, nunca apuntando directamente a Eduardo Ruiz ni a ninguna otra persona presente en la protesta. Esta declaración busca establecer un escenario de defensa propia, argumentando que su acción fue una respuesta a la violencia desatada en su contra y no un acto premeditado de agresión contra los manifestantes. La veracidad de esta versión será crucial para determinar la responsabilidad de Magallanes en la muerte de Eduardo Ruiz y para desentrañar las circunstancias que rodearon este trágico incidente. La investigación deberá determinar si el uso de la fuerza por parte de Magallanes fue proporcional a la amenaza que enfrentaba y si se ajustó a los protocolos policiales establecidos para el control de multitudes.

La defensa de Magallanes se centra en la idea de que su acción fue una respuesta instintiva a una amenaza directa contra su integridad física. Insiste en que su intención nunca fue herir o matar a nadie, sino simplemente disuadir a la multitud enfurecida que lo estaba atacando. El relato detallado de la agresión sufrida, con mención específica a los golpes con piedras y palos, busca pintar un cuadro de vulnerabilidad y justificar el uso del arma de fuego como un último recurso para proteger su vida. Sin embargo, esta versión contrasta con las acusaciones que pesan sobre él, que lo señalan como responsable directo de la muerte de Eduardo Ruiz. La Fiscalía deberá analizar minuciosamente las pruebas presentadas por ambas partes, incluyendo testimonios de testigos, peritajes balísticos y grabaciones de video, para determinar si la declaración de Magallanes se ajusta a la realidad de los hechos. Un aspecto clave de la investigación será determinar la trayectoria de la bala que impactó a Eduardo Ruiz y si esta coincide con la versión de Magallanes de que disparó al suelo. Además, se deberá evaluar si existían otras opciones disponibles para el suboficial antes de recurrir al uso de la fuerza letal y si se cumplieron los protocolos policiales establecidos para el manejo de situaciones de disturbios públicos.

En un giro inesperado, Luis Magallanes también aprovechó la audiencia para denunciar lo que considera una acusación prematura y una falta de investigación por parte de su mando policial, el Tnte Gral Oscar Arriola. Magallanes alega que fue señalado públicamente como culpable de la muerte de Eduardo Ruiz sin que se llevara a cabo una investigación exhaustiva y sin que se le permitiera presentar su versión de los hechos. Según su declaración, Arriola lo acusó a nivel nacional, lo que generó un linchamiento mediático y social en su contra. Esta denuncia plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad del proceso de investigación y sobre el respeto a la presunción de inocencia. Si se confirma que Arriola emitió juicios de valor antes de que se reunieran todas las pruebas y se escucharan todos los testimonios, esto podría poner en duda la validez de la investigación y generar una percepción de parcialidad por parte de las autoridades. La defensa de Magallanes podría argumentar que esta acusación prematura influyó en la percepción pública del caso y dificultó la posibilidad de un juicio justo.

La denuncia de Magallanes contra Arriola introduce un nuevo elemento de complejidad en el caso. No solo se trata de determinar si el suboficial es responsable de la muerte de Eduardo Ruiz, sino también de evaluar si sus derechos fundamentales fueron vulnerados durante el proceso de investigación. Si se demuestra que Arriola actuó de manera negligente o maliciosa al acusar a Magallanes sin pruebas suficientes, esto podría tener consecuencias legales y disciplinarias para el alto mando policial. Además, esta situación podría generar un clima de desconfianza dentro de la institución policial y socavar la credibilidad de las investigaciones futuras. Es fundamental que se realice una investigación independiente y transparente para determinar si las acusaciones de Magallanes son fundadas y si se respetaron los protocolos legales y éticos en el manejo de este caso. La reputación de la Policía Nacional del Perú y la confianza de la ciudadanía en su sistema judicial están en juego.

Además de Luis Magallanes, el suboficial Omar Saavedra también se encuentra bajo investigación por el presunto delito de homicidio calificado de Eduardo Ruiz. Aunque no se han trascendido detalles específicos sobre su participación en los hechos, su presencia en la audiencia indica que la Fiscalía lo considera un actor relevante en la cadena de eventos que condujeron a la muerte del joven manifestante. La situación de Saavedra es similar a la de Magallanes en el sentido de que enfrenta la posibilidad de ser detenido preventivamente mientras se lleva a cabo la investigación. La Fiscalía deberá presentar pruebas que demuestren su participación directa o indirecta en el homicidio y que justifiquen la necesidad de privarlo de su libertad durante el proceso. La defensa de Saavedra, por su parte, buscará desvincularlo de los hechos y demostrar que no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de Eduardo Ruiz. Es posible que alegue que su presencia en el lugar de los hechos fue meramente circunstancial o que actuó bajo órdenes superiores sin tener conocimiento de las intenciones de otros agentes.

La investigación sobre la participación de Omar Saavedra en la muerte de Eduardo Ruiz plantea interrogantes sobre la cadena de mando y la responsabilidad individual de los agentes policiales en situaciones de disturbios públicos. Si se demuestra que Saavedra actuó siguiendo instrucciones superiores que eran ilegales o que violaban los derechos humanos, esto podría eximirlo de responsabilidad penal o atenuar su condena. Sin embargo, si se determina que actuó por su propia cuenta y riesgo, o que contribuyó de manera activa al homicidio, podría enfrentar cargos similares a los de Luis Magallanes. Es fundamental que la investigación sea exhaustiva y que se analicen todas las pruebas disponibles para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los agentes involucrados. La transparencia y la imparcialidad del proceso son esenciales para garantizar que se haga justicia y para evitar que se repitan tragedias similares en el futuro.