En una acción coordinada y sin precedentes, el presidente de la República, José Jerí Oré, junto al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, encabezaron un operativo simultáneo en cuatro de los penales más importantes y conflictivos del país. El operativo, que se desplegó en la madrugada, tuvo como epicentro el penal de Ancón I, desde donde se coordinaron las acciones en Lurigancho, Trujillo y el penal de máxima seguridad de Challapalca. El objetivo principal de esta intervención masiva fue desarticular las estructuras del crimen organizado que operan desde el interior de estos centros penitenciarios, buscando frenar la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que se gestan tras las rejas. La magnitud del operativo refleja la preocupación del gobierno por la creciente influencia de las bandas criminales dentro de las prisiones y su capacidad para operar a nivel nacional e incluso internacional, socavando la seguridad ciudadana y el estado de derecho.

La elección de los penales de Ancón I, Lurigancho, Trujillo y Challapalca no fue aleatoria. Ancón I alberga a reos de alta peligrosidad y ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un centro de operaciones para el crimen organizado. Lurigancho, por su parte, es el penal más grande y poblado del país, lo que lo convierte en un caldo de cultivo para la delincuencia y el control territorial por parte de diferentes facciones criminales. Trujillo, ubicado en una zona estratégica del norte del país, también ha sido escenario de disputas entre bandas por el control de rutas de narcotráfico y extorsión. Finalmente, Challapalca, conocido por su régimen de máxima seguridad y su ubicación remota en los Andes, alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos y difíciles de controlar del país. La simultaneidad del operativo buscó evitar que los líderes criminales pudieran coordinar sus acciones o alertar a sus cómplices fuera de los penales, maximizando así las posibilidades de éxito y minimizando el riesgo de fugas o disturbios.

El principal objetivo del megaoperativo fue debilitar las estructuras del crimen organizado que operan desde el interior de los penales, identificar y capturar a los líderes de estas bandas, incautar armas, drogas, dinero y otros objetos prohibidos que puedan estar siendo utilizados para llevar a cabo actividades ilícitas. Además, se buscó recabar información relevante que permita a las autoridades policiales y judiciales desmantelar las redes criminales en su totalidad, tanto dentro como fuera de las prisiones. El operativo incluyó la revisión exhaustiva de celdas, áreas comunes y oficinas administrativas, así como la toma de declaraciones a internos y personal penitenciario. Se desplegó un gran número de efectivos policiales y agentes del INPE, con el apoyo de unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. También se contó con la participación de fiscales especializados, quienes supervisaron el cumplimiento de la legalidad y garantizaron el respeto a los derechos humanos de los internos.

El alcance del operativo fue amplio y ambicioso, abarcando no solo la intervención física de los penales, sino también la investigación de las conexiones entre los internos y sus cómplices fuera de las prisiones. Se realizaron allanamientos en viviendas y locales comerciales vinculados a los líderes criminales, así como el bloqueo de cuentas bancarias y la incautación de bienes producto de actividades ilícitas. El gobierno ha señalado que este operativo es solo el inicio de una estrategia integral para combatir el crimen organizado en el sistema penitenciario, que incluye la mejora de la infraestructura carcelaria, la capacitación del personal penitenciario, la implementación de medidas de seguridad más rigurosas y la coordinación con otras instituciones del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se espera que esta estrategia permita reducir la influencia de las bandas criminales dentro de las prisiones y mejorar la seguridad ciudadana en todo el país.

El megaoperativo liderado por el presidente Jerí Oré ha generado diversas reacciones en la opinión pública y en los círculos políticos. Algunos sectores han elogiado la iniciativa como una muestra de firmeza y determinación en la lucha contra el crimen organizado, mientras que otros han expresado dudas sobre su efectividad a largo plazo y han advertido sobre el riesgo de que las bandas criminales se adapten y busquen nuevas formas de operar. También ha habido críticas por la falta de transparencia en la planificación y ejecución del operativo, así como por la posible violación de derechos humanos de los internos. Es importante destacar que este tipo de acciones suelen generar tensiones y conflictos dentro de las prisiones, por lo que es fundamental que las autoridades tomen medidas para garantizar la seguridad de los internos y del personal penitenciario, así como para prevenir posibles represalias por parte de las bandas criminales.

Las posibles consecuencias del operativo son diversas y complejas. A corto plazo, se espera que se produzca una disminución de la actividad delictiva dentro de los penales, así como un aumento de la tensión y la violencia entre las diferentes facciones criminales. A mediano y largo plazo, el éxito del operativo dependerá de la capacidad de las autoridades para mantener la presión sobre las bandas criminales, desmantelar sus estructuras de poder y cortar sus fuentes de financiamiento. También será fundamental abordar las causas estructurales del crimen organizado, como la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción. En este sentido, el gobierno deberá implementar políticas públicas integrales que promuevan el desarrollo social, la educación, el empleo y la justicia, así como fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. El operativo en los penales es un paso importante, pero no es suficiente para resolver el problema del crimen organizado en el país.